¿La justicia es igual a dinero?

Por Nuria Araníbar

La primera impresión es que tuvo que pasarle una tragedia a una familia de “clase socioeconómica media alta”, que tienen acceso y las facilidades necesarias para reclamar sus derechos, para poner de nuevo el tema en la agenda pública y descubrir que hay muchas más víctimas de las “Barras Bravas”. Lastimosamente, en esta ciudad, ya habían ocurrido asesinatos y daños a terceros ocasionados por dichos grupos pero no se había hecho nada al respecto; inclusive ya había casos de barristas e inocentes muertos, pero ello no fue pretexto para que los medios ni las autoridades ni los clubes deportivos resuelvan los casos como debe de ser.

A pesar de todos los antecedentes que vimos tuvo que pasar el caso de Maria Paola Vargas para que el Ministerio del Interior y los clubes de fútbol hagan lo que debieron de hacer hace tiempo: que los clubes dejen de regalarles entradas a los barristas hasta que sean debidamente empadronados y documentados.

La medida llegó demasiado tarde para Maria Paola, sin embargo, dicha medida es sólo un paliativo.

Otra preocupación es que bastante gente ilusa cree que mandar a los integrantes de las barras bravas al servicio militar obligatorio soluciona el problema. No hay nada más falso. Lo único que haría eso es darle a dichas personas mayores facilidades para ejercer la delincuencia, acceso a armas de mayor alcance y mayores facilidades de rebajar a sus víctimas bajo la idealización del sometimiento para conseguir resultados. Por eso, todo servicio militar debe de ser voluntario.
Entre las barrabasadas dichas está la del Presidente Alan García, quién le pide a la policía “perdigonear” a los barristas que ocasionen desmanes.

En primer lugar deben de darse las facilidades para que la policía opere efectivamente (con lo cual puedan captar pruebas de los vándalos, puedan detenerlos y que no salgan impunemente) y por último, a problemas complejos deben de haber soluciones complejas y una respuesta “matonesca”, como la que da el presidente, sólo enervará conflictos e impulsará la desconfianza de la policía nacional haciéndola una “pandilla legal” ante los ojos de cualquier barra brava.